En rueda de prensa

La UCR informó que el juez pidió elevación a juicio de la “Causa Dolomita”

Noticias Pehuajo - Política - La UCR informó que el juez pidió elevación a juicio de la “Causa Dolomita”

El titular del Bloque de la UCR, Jorge Hansen, notificó aspectos de la resolución del juez de Garantías del Juzgado N° 2 de Trenque Lauquen, doctor Gerardo Palacios Córdoba, quien “confirmó las sospechas del agente fiscal doctor Juan Martín Gárriz y solicita la citación a juicio de los imputados. Por eso, rechaza las peticiones de nulidades, prescripción de acción penal y de sobreseimientos peticionadas por las defensas”, aseveró.

Como estaba programando, ayer a las 9:45, el presidente del Bloque de la UCR, Jorge Hansen, junto a los ediles Martín Telechea y David López, brindaron una rueda de prensa en los altos del Palacio Municipal.
El encuentro tuvo como objetivo informar sobre la reciente resolución judicial de la resonante “Causa Dolomita” denunciada en el año 2006 por concejales de ese partido y del entonces bloque Un Compromiso por Pehuajó, que presidía el exconcejal Oscar Trapes, quienes, en la oportunidad, advirtieron sobre el supuesto pago de sobreprecios en la compra del material calcáreo denominado piedra Dolomita, para ser colocado en calles de tierra de Pehuajó.
Ocasión en que fueron imputados el entonces secretario de Servicios y actual intendente, Pablo Javier Zurro, y los funcionarios municipales: Víctor Bolognesi ex y actual jefe de Compras; Juan Carlos Mascheroni, exintendente de nuestra ciudad, Pedro Eugenio Ornat, ex y actual Contador municipal y el proveedor Héctor Antonio Ávila.
Recordamos que la investigación judicial a cargo del fiscal interviniente, doctor Juan Martín Gárriz fue elevada al juez de Garantías, doctor Gerardo Palacios Córdoba, solicitando el juicio de los vecinos mencionados por entender que cometieron el delito de “defraudación en perjuicio de la administración pública”.
 
CONFERECIA
DE PRENSA
A la hora señalada, Jorge Hansen expuso sus consideraciones destacando “el significativo rol de los medios a la hora de informar objetivamente a la comunidad. Por eso, el motivo de esta comunicación que les entrego personalmente.
“La idea es que los vecinos estén al tanto de la reciente resolución judicial que investiga la ‘Causa Dolomita’, que en su momento, denuncié junto con otros siete exconcejales”, expuso, aclarando la condición de denunciantes aunque ya no desempeñen sus cargos públicos.
“En este sentido, es nuestra obligación notificar la marcha de las gestiones y de numerosas cuestiones que atañen a la sociedad. Sin embargo, es continua la descalificación que recibimos por cumplir con nuestro deber en la función pública”, lamentó, recordando, asimismo, el compromiso y la responsabilidad de los actuales colegas que lo acompañan en la tarea.

LA SENTENCIA
Acto seguido, el titular del Bloque de la UCR procedió a comunicar  aspectos de la resolución del juez de Garantías del Juzgado N° 2 de Trenque Lauquen, doctor Gerardo Palacios Córdoba, quien confirmó las sospechas del agente fiscal doctor Juan Martín Gárriz, quien solicita la citación a juicio de los imputados y rechaza las peticiones de nulidades, prescripción de acción penal y de sobreseimientos peticionadas por las defensas.
“Es intención del bloque de concejales que presido, comunicarles, con el fin de esclarecer a la opinión publica, en el carácter de denunciantes en la IPP Nº 17-00-045113-06, lo siguiente:
“A mediados del año 2006, ante las evidencias notables de irregularidades respecto de la compra de muchas toneladas de la piedra denominada Dolomita por parte del Departamento Ejecutivo, que surgieron del análisis de la rendición de cuentas del ejercicio 2005 que elevara el Departamento Ejecutivo Municipal al Honorable Concejo Deliberante, junto con casi todos los concejales del Cuerpo de la composición de entonces, nos vimos en la obligación ética y legal de promover una denuncia penal a fin de que la Justicia, en definitiva, fuera la que decidiera, primero, si efectivamente, como nosotros percibíamos, se había configurado un ilícito penal, y segundo se identificara los responsables del mismo y recayera sobre ellos todo el peso de la ley.
“Sabíamos de la importancia y gravedad institucional del paso que dábamos, pues necesariamente, si se comprobaba la existencia del ilícito -como ha ocurrido-, los responsables no podían ser otros que funcionarios públicos de alto rango jerárquico en la estructura municipal.
“Anhelábamos, como ya lo hemos dicho con anterioridad, que no se vieran involucrados en el ilícito los máximos responsables políticos de Pehuajó, es decir, el exintendente Dr. Juan Carlos Mascheroni y el actual intendente, Sr. Pablo Javier Zurro. La trascendental importancia que para la sociedad tiene la preservación de la figura del Intendente de toda mínima sospecha a su integridad moral y ética, así nos lo indicaba.
“Recibimos toda clase de improperios y vejámenes personales por la decisión política que adoptamos en defensa del patrimonio público de los pehuajenses.
“Recientemente, el Sr. juez de Garantías del Juzgado Nº 2 de Trenque Lauquen, Dr. Gerardo Palacios Córdoba, ha confirmado el requerimiento del Sr. agente fiscal Dr. Juan Martín Gárriz de citación a juicio efectuado en la IPP Nº 17-00-045113-06 respecto de Héctor Antonio Ávila, Víctor Hugo Bolognesi, Juan Carlos Mascheroni, Pedro Eugenio Ornat y Pablo Javier Zurro. Para ello ha rechazado las peticiones de nulidades, de prescripción de la acción penal y de sobreseimientos que articularon, con resultado negativo, las defensas de cada uno de los imputados. Con la nueva decisión judicial se ha ratificado nuevamente que no sólo se pagaron altos sobreprecios en relación con los valores reales del mercado, sino que, también, el Municipio ha abonado -a partir de la duplicidad de tickets de balanza de la pesada de camiones- dos veces la misma mercadería -simulando la compra- sin ser recepcionada por el Municipio, tal la denuncia efectuada.
“Seguramente, tal decisión será apelada y el proceso seguirá su curso conforme los procedimientos vigentes que garantizan la plena vigencia de los derechos constitucionales de los afectados, pero queda claro ya definitivamente -a punto tal que ninguno de los procesados lo ha negado- que los ilícitos se han configurado y con ello se ha afectado severamente el patrimonio municipal.
“Sabedores de la trascendental importancia del tema que nos ocupa y de la necesaria toma de conciencia que la sociedad toda debe asumir ante hechos de tal relevancia, acompañamos adjunto a la presente, copia de la sentencia judicial del juez Palacios Córdoba, que avala todo lo expresado precedentemente a fin que vuestro sano criterio periodístico le dé el tratamiento que el tema merece”, expuso Hansen, quien comentó otros pormenores de la sentencia judicial.
Entre ellos, “la no oposición articulada (...) por el Sr. Defensor Oficial del privado Héctor Antonio Ávila, Dr. Carlos Omar Courtois, solicitando se eleve la presente causa a juicio oral y público”.

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