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"Este dictamen a favor de Farmacity es un claro ataque a los farmacéuticos”

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El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires  Filial Pehuajó lamentó profundamente que la Procaduría General de la Nación, a cargo en forma interina de Eduardo Casal, haya "cedido ante las fuertes presiones políticas" para emitir un dictamen que declare inconstitucional el artículo 14 de la ley 10.606 –denominada Ley de Farmacias-, contradiciendo así una jurisprudencia consolidada durante años por todas las instancias de la justicia bonaerense, incluida la Corte Suprema provincial.

NOTICIAS tomó contacto con el Colegio de Farmacéuticos de Pehuajó, quienes apuntaron que "el dictamen de la Procuración General de la Nación fue a medida de los farmashopping. Para los farmacéuticos es un claro ataque al federalismo en defensa de los negocios de un funcionario público".

 

DICTAMEN

En su dictamen los procuradores fiscales Laura Monti y Eduardo Casal recomiendan hacer lugar al recurso de queja presentado por Quintana y su cadena para revocar lo actuado por la justicia bonaerense.

"En muchos pasajes del documento utiliza normativa que regula a la industria farmacéutica o a las droguerías, sin relación alguna con la dispensa de medicamento de las farmacias, para luego basar su argumento en el decreto desregulatorio de Cavallo, que en los noventa proponía que cualquier persona física o jurídica de cualquier naturaleza (pudiera) ser propietaria de farmacias, sin ningún tipo de restricción de localización” enfatizaron desde el Colegio de Farmacéuticos. "Es el párrafo que mejor define el espíritu del dictamen. Es un golpe al corazón de la ley vigente en nuestra provincia que nos obliga a todos los farmacéuticos a establecer una red cada vez mayor con presencia en todos los rincones de Buenos Aires" agregaron.

 

DICTAMEN

"El dictamen no solo contradice las sentencias de todas las instancias de la provincia de Buenos Aires, incluyendo a la Suprema Corte bonaerense, también va contra conceptos de nuestra ley custodia y que fortalece con su cumplimiento: la salud no es una mercancía, las farmacias constituyen un servicio público y el medicamento es un bien social".

 

AVELINO ZURRO

Recordemos que, en aquel momento donde se comenzó a tratar este tema, el diputado provincial Avelino Zurro se reunió con la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de La Provincia de Buenos Aires, María Isabel Reinoso, y la prosecretaria, Claudia Angélica Slezack, donde acordaron desarrollar acciones conjuntas que impidan el desembarco de grupos económicos en el sector.

“A partir del 10 de diciembre de 2015 se produjo un cambio en el paradigma de la administración del Estado, ya que arribaron a los Poderes Ejecutivos nacional y provincial decenas de empresarios. Los intereses de estos representantes del sector privado habían chocado frontalmente con los intereses de toda la sociedad durante los años anteriores. En ese marco, ante el temor de que esas personas continúen privilegiando las posturas empresariales a la hora de tomar decisiones estatales, comenzamos a trabajar conjuntamente con los farmacéuticos bonaerenses”, expresó oportunamente Zurro a este diario.

 

  

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